Por: Gustavo Rodríguez Elizarrarás
La discusión alrededor de la privatización de PEMEX ha polarizado las fuerzas políticas y la sociedad empresarial. El Ejecutivo, urge a realizar una “Reforma Energética” que, a priori, esta señalada por las corrientes progresistas de buscar la privatización de PEMEX. El gobierno lo niega. Las elites empresariales manifiestan su simpatía por la apertura de PEMEX a la inversión privada, nacional y extranjera. Corrientes del PRI y del PRD, grupos de intelectuales y gran parte del pueblo expresan o manifiestan su repudio a cualquier acción privatizadora.
Hasta hoy la confrontación política no deja espacio para un análisis serio o la preparación de un verdadero debate, donde lo inmediato debe dejar el lugar al largo plazo, a la planeación y programación de un sector energético hoy débil y dependiente de su rentabilidad fiscal y política.
Según las posiciones extremas hoy en juego, el País está frente a una disyuntiva: o se abre el sector energético, PEMEX en particular, a la inversión privada, o PEMEX, CFE y CLFC se mantienen en manos del Estado. La primera opción, dicen quiénes la defienden, salvaría a PEMEX de la bancarrota y a México de verse pronto como importador neto de hidrocarburos – como si hoy no estuviéramos ya cerca de serlo, frente a un débil balance interno de oferta-demanda de petrolíferos, GLP y gas natural-. La segunda, dicen quienes defienden la No Privatización, mantendría en manos del estado el control de PEMEX, pero a muchos no nos queda claro el como y para que.
Sin embargo, a mi parecer erróneamente, para muchos de quienes impugnan la privatización de PEMEX la contratación de servicios es una modalidad que puede mantenerse, ya que al no compartir el petróleo, propiedad de la nación, no se afecta el carácter de “nacional” a la industria petrolera. La verdad, es que este procedimiento de operación, que siempre ha existido, vio roto el equilibrio en el sexenio de López Portillo, cuando de una razonable producción promedio de 871 000 barriles por día en 1976, preponderantemente para consumo interno, se pasó a una producción promedio de 2 748 000 barriles por día en 1982, transformando a México en importante exportador de crudo. Esto sólo fue posible gracias a una contratación masiva de servicios donde, incluso, contra toda lógica, uno de los principales beneficiarios fue el propio sindicato petrolero. Con López Portillo se inicia el proceso neoliberal del manejo económico del país, que persiste hasta hoy con Felipe Calderón, donde PEMEX ha sido el principal pilar económico de los gobiernos al aportar al fisco alrededor de dos terceras partes de sus ingresos totales. Para el secretario de hacienda en turno, este hecho le representa un poder que generalmente disfraza en la tecnocracia de su función, pero mostrando su fuerza al mantener PEMEX bajo un estricto control presupuestal que al paso del tiempo ha logrado, por fin, debilitarlo a tal grado que el argumento de privatizar es, para esa corriente neoliberal, la sola salvación posible.
Pero no, PEMEX es una empresa recuperable, salvable de ese desastre en que lo han dejado los gobiernos en los últimos 32 años, lapso en el que nos recetaban planes energéticos con horizontes a veces ilusorios de mediano plazo, pero que en realidad terminaban al fin de cada gobierno sexenal. Esta claro que lo único que no podremos recuperar es el tiempo y recursos perdidos. El tiempo, asociado a un necesario desarrollo tecnológico que nunca fue prioritario ni para los gobiernos priistas ni panistas, ni para PEMEX (el IMP fue una buena iniciativa marginada por los propios petroleros a favor de la compra de servicios tecnológicos); demos sólo como ejemplo el caso de Brasil, que en el marco de su política petrolera, en los años setenta, decidió invertir en el desarrollo de una tecnología de “aguas profundas” (en su tiempo incluso invitó a México a hacerlo conjuntamente) y hoy está a la vanguardia mundial en ese campo y busca venderle sus servicios a PEMEX.
Los recursos perdidos son, por un lado físicos: el petróleo residual en los yacimientos, irrecuperable por la perenne sobreexplotación de los yacimientos frente a la urgencia política, del día a día, de optimizar el valor presente de los hidrocarburos extraídos y su consecuente quema del gas asociado, al no programar y ejecutar la inversión en infraestructura para su aprovechamiento integral; por el otro lado, los recursos financieros, ya que sistemáticamente los gobiernos en turno han ahogado a PEMEX al sustraerle la mayor parte de sus ingresos totales anuales, bajo el supuesto que son recursos que servirán para aplicarlos en programas de beneficio social.
La realidad, es que esos recursos han sido utilizados para un manejo político del ejecutivo, quien desde la Presidencia o Hacienda, distribuye discrecionalmente entre los gobiernos de los estados y a través de Sedesol, como principal ejecutante, los llamados excedentes petroleros, aparte del alto aporte fiscal, dejando solamente, a través de un presupuesto anual insuficiente, míseros recursos que no alcanzan para que una empresa petrolera cumpla, mínimamente, con la operación y el mantenimiento de sus instalaciones y, sobre todo, para asegurar la inversión en exploración-producción, transporte y transformación industrial que asegure su sano crecimiento.
Este lento, pero seguro, proceso de “matar la gallina que pone huevos de oro”, es el argumento catastrófico del gobierno de Felipe Calderón para justificar una Reforma energética que “salve” a PEMEX, que lleva implícito acciones que abren legalmente la participación de empresas petroleras internacionales que operan abiertamente en el mundo buscando nuevas reservas y negocios rentables.
Su argumento es simple, esas empresas tienen lo que a PEMEX los gobiernos del PRI y PAN siempre negaron: desarrollar tecnología propia y darle autonomía de gestión con obligación de entregar cuentas y rentabilidad al País. Su “objetivo” está claro, es convencer que solos no podemos, pero como en 1976, cuando se decidió la marcha al mar, nuevamente lanzo la pregunta, para abrir debate, ¿qué beneficios dará al país el mantener, ahora a costa de mayor dependencia financiera y tecnológica, una economía basada en la renta petrolera, siempre inestable y especulativa?
Este lento proceso de debilitar PEMEX se inicia con el gobierno de López Portillo, aquél que nos presumió cómo administrar la riqueza, al imponer dos decisiones que hoy están a punto de colapsarla. La primera, y jamás corregida, fue hacer de México un país rentista del petróleo, en lugar de usar ese recurso como detonante de un verdadero desarrollo económico nacional, la segunda, es que PEMEX le representó una palanca para conseguir recursos frescos al utilizar los recursos petroleros como garantía para incrementar la deuda externa del País. Más tarde Zedillo la volvería a utilizar para hacer frente al “error de diciembre” hipotecando la factura petrolera a los Estados Unidos.
Por su parte, los gobiernos panistas recibieron, como regalo del cielo, recursos financieros excedentes que hasta han logrado el milagro de presentar “buenas” cuentas macroeconómicas que disimulan la verdad económica nacional, ya que más del 50% de la población se encuentra en extrema pobreza.
Como ya se dijo, desde el sexenio de López Portillo se estableció como solución a la impresionante expansión de la producción de petróleo, la contratación masiva de servicios tecnológicos y operativos ofrecidos, casi en su totalidad, por empresas internacionales. También es cierto, se abrieron nuevas oportunidades de asociación de algunas empresas mexicanas con tecnólogos extranjeros, particularmente en las actividades marinas.
Poco a poco fue sustituyéndose la histórica capacidad tradicional de los técnicos mexicanos dentro de PEMEX, quienes progresivamente vieron reducir su papel a simples “supervisores” de la operación realizada por empresas extranjeras. A la par, la “estrategia” fue dejada en manos de la empresa consultora internacional McKinsey. Sin comentarios.
Ante este cuadro me pregunto ¿qué falta para privatizar PEMEX?, no sería más objetivo hablar de una renacionalización de PEMEX, donde el debate deba darse en cómo hacer de nuestra empresa insignia una verdadera empresa internacional, que se integre a este mundo globalizado, en lugar de buscar una autarquía que solamente disfraza la realidad de una alta dependencia tecnológica y financiera con alto costo al país, vía los PIDIRIEGAS. ¿Por qué debemos disfrazar su errático actuar internacional a través de empresas creadas fuera de nuestras leyes en paraísos fiscales?
Renacionalizar PEMEX quiere decir, por principio de cuentas, liberarla del yugo fiscal actual y que tenga obligaciones fiscales como cualquier empresa, al final de cuentas sus utilidades serán para su único socio: el País; renacionalizar PEMEX quiere decir dotarla de autogestión administrativa, técnica y financiera, hacerla una empresa que recupere capacidad técnica y que tienda a disminuir su dependencia tecnológica al apoyar la investigación y desarrollo de tecnologías que estratégicamente deba controlar. Renacionalizar PEMEX quiere decir Internacionalizar PEMEX más allá de la simple comercialización de crudo, buscar presencia en mercados de productos finales y no solamente en el de materias primas. En suma, hacer de PEMEX una verdadera empresa petrolera estatal y nacional, no gubernamental. Renacionalizar PEMEX debe ser que presupuestalmente no destine la mayor parte de sus recursos financieros a pagar servicios para maximizar la renta petrolera, sino como apoyo a un desarrollo industrial y productivo. Renacionalizar PEMEX es mucho más, todo ello en el marco de una verdadero Plan Nacional de Energía donde se integre una estrategia sectorial de largo plazo.
Abramos el debate y el análisis serio, el futuro del País lo exige.
México, D.F. 4 de abril de 2008
