José Antonio Rojas
Evaluación que hace Rojas, a la mitad del año 2007, sobre las políticas gubernamentales, de Zedillo a la fecha, en materia energética; empieza por recordar la insistencia en privatizar la electricidad, sigue con la debilidad actual de nuestra empresa petrolera, abunda con la ausencia de una política energética en el Plan Nacional de Desarrollo actual y termina convocándonos a “asumir … una actitud de búsqueda … de consensos”.
Nunca olvidemos las severas pero demagógicas afirmaciones de los personeros del gobierno de Ernesto Zedillo en torno a la urgencia de privatizar el sector eléctrico de México. Amenazaron con un desabasto que nunca ha existido. Nunca. El tiempo -apenas ocho años- los ha confrontado. Y no sólo en torno a la pretextada urgencia. También respecto de los términos precisos de su propuesta de privatización, los del famoso white paper preparado por una firma internacional de economistas que -a decir de ellos mismos- trata de entender cómo funcionan los mercados.
Insisto en no olvidar ese momento de febrero de 1999 porque hoy -en términos muy similares (no en balde algunos personeros gubernamentales de entonces forman parte del actual gobierno)-, se maneja el delicado asunto de Petróleos Mexicanos. Más específicamente el de nuestra incuestionable baja de reservas, que nos tiene hoy en el lugar 15 del mundo, con apenas 13 mil 700 millones de barriles, equivalentes a 1.1 por ciento y con una relación reservas-producción de no más de 10 años. Pero también de nuestra limitada capacidad de refinación que nos obligó a importar 357 mil barriles de petrolíferos en 2006 con valor de 9 mil 732 millones de dólares (169 mil barriles diarios netos con un gasto de 6 mil 137 millones de dólares, descontando exportaciones), y que, al mes de mayo de este año, ha llegado a una importación de 425 mil barriles diarios (228 mil netos) con un gasto de 5 mil millones de dólares (3 mil 500 netos).
Sí, lo más delicado de hoy en el ambiente petrolero nacional (sin mencionar la petroquímica), está en la recuperación de reservas y, en consecuencia, del sostenimiento o ampliación de la producción, en un mundo con una capacidad cada vez menor en términos de los requerimientos de la demanda, y unos costos de producción cada vez mayores. Pero también de la expansión de nuestra capacidad de refinación, en un entorno en el que se han registrado nuevos márgenes económicos en esta actividad. Una muestra. La diferencia del precio del diesel respecto del crudo marcador WTI se elevó de un promedio de cinco dólares al mes entre 1995 y 2002, a 15 dólares por barril de 2003 a la fecha, aun descontando la explosión de precios de septiembre y octubre de 2005 por los ciclones, en que este diferencial se duplicó. La diferencia de nuestra mezcla con ese mismo diesel era, en el primer caso, de siete dólares por barril, y llegó a casi 30 dólares.
¿Qué nos plantea el Plan Nacional de Desarrollo en este terreno? En el marco de un muy limitado objetivo que busca «garantizar la seguridad nacional…y asegurar la viabilidad del Estado» (no de la nación, ni siquiera de la sociedad mexicana, por cierto), sólo «fortalecer las atribuciones rectoras del Estado sobre las reservas y la administración óptima de los recursos, procurando equilibrar la extracción de hidrocarburos y la incorporación de reservas». Así como «la modernización y ampliación de la capacidad de refinación». Y para ello «se fomentará la cooperación para la ejecución de proyectos de infraestructura energética de alta tecnología y se revisará el marco jurídico par hacer de éste un instrumento de desarrollo del sector, fortaleciendo a Petróleos Mexicanos y promoviendo mejores condiciones de competencia» (todas son citas del apartado 2.11 del Plan Nacional de Desarrollo y el objetivo es uno de los 10 señalados para el México de 2030).
Es obvio que por sí mismas, estas formulaciones no constituyen -ya veremos el Plan Sectorial- una concepción estratégica que muestre no sólo su pertinencia y su viabilidad, sino su respaldo social. No estoy seguro que muchos mexicanos sólo deseemos fortalecer la capacidad rectora del Estado, por más que ésta resulte imprescindible. Tampoco que nos resulte indiferente eso de la cooperación, sin saber de quién con quién y por qué. Menos aun la revisión del marco jurídico si no se indica con nitidez -el plan no lo hace- los términos y alcances de dicha revisión.
No olvidemos que vivimos momentos de máximo encono social y máximo desacuerdo respecto de las estrategias a seguir. No lo olvidemos para asumir -como nunca- una actitud de búsqueda seria de amplios consensos. El primer responsable de hacerlo -aunque no el único- es el gobierno. Si bien es cierto que es radicalmente insuficiente decir -como a veces lo hacemos- que sólo hay que cumplir el 25, el 27 y el 28 de la Constitución, también es insuficiente decir que se impulsará la sola capacidad rectora del Estado, se fomentará la cooperación en áreas estratégicas y el desarrollo de la competencia y se revisará el marco jurídico. Radicalmente insuficiente y equívoco. Sin duda.
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