José Antonio Rojas Nieto
Lo primero, no olvidarlo nunca:si uno de nosotros está preso todos los estamos
. Cantémoslo en coro, con agradecimiento a los actores aliados. Muchos capturados injustamente en la burda acción policiaca del primero de diciembre (1D). Entre ellos brillantes estudiantes y profesores de la UNAM y otros centros educativos. Bien lo documentó el área jurídica del movimiento #YoSoy132. Y bien lo han señalado La Jornada, Proceso y otros medios. ¡Que se aclaren los hechos! Todos los que no forman parte del evidente grupo de provocadores, deben ser liberados. Ya.
Léase, por favor en voz alta, el vergonzoso compromiso 32 del Pacto por México, el de la curiosa coincidencia de dígitos con el movimiento #YoSoy132, lo que, según el accionar de este 1D, parece ser ya el demagógico y autoritario pacto peñista: Se actualizará el marco jurídico para prevenir y sancionar eficazmente los actos inhumanos y degradantes, así como la tortura, la crueldad y la desaparición forzada
.
Y por si fuera poco el compromiso 28 dice:Como sucede en otros países, se creará una ley que establezca parámetros claros para el uso de la fuerza pública
. ¡Carajo!
Lo segundo, los compromisos 54 a 60 en el área de petróleo y gas de ese mismo Pacto por México (sic, Por México dice). Se enmarcan en la realización de una nueva reforma energética (Por cierto, ¿dónde están el diagnóstico de la situación energética actual y la evaluación de la reforma energética de 2008?) que pretende convertir al sector en uno de los más poderosos motores (sic) de crecimiento económico a través de tres lineamientos fundamentales: 1) atracción de inversión, 2) desarrollo tecnológico y 3) formación de cadenas de valor. ¿Qué significa esto? No se aclara explícitamente en ninguno de los compromisos.
Pero el compromiso 54 es de antología. Es la nueva y anhelada redacción del 27 constitucional, para la que este gobierno no tiene legitimidad, ni siquiera sumando la votación del PAN:Se tendrá en manos de la Nación, a través del Estado, la propiedad y el control de los hidrocarburos y la propiedad de Pemex como empresa pública. En todos los casos (en todos añado), la Nación recibirá (aquí el nuevo verbo constitucional sustituto, recibir) la totalidad de la producción de hidrocarburos
.
O sea que el nuevo gobierno se compromete (¡vaya!) a garantizar que la Nación reciba la totalidad de la producción de hidrocarburos que –permítaseme la redundancia– se producirá. ¿Por quiénes, debemos preguntar? La respuesta es obvia: los inversionistas atraídos… Aquí leamos, por favor, contratos de servicios múltiples, contratos incentivados, contratos integrales, incluso –si se puede– excepciones constitucionales (¿Qué dirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación?) ¿Qué excepciones? Tres primordiales: 1) desarrollos en la cuenca de Chicontepec, 2) desarrollos en aguas profundas, 3) desarrollos de gas no convencional en Coahuila y Tamaulipas, del hoy famoso shale gas.
Preguntemos, entonces. ¿Qué votarán legisladores del PRI y del Verde? ¿Qué votarán legisladores del PAN, de Nueva Alianza? ¿Qué votarán legisladores del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo? Hay problemas severos en el sector energía que amenazan el suministro y con altas facturas –económicas y sociales– a la sociedad.
Un sector con muy débil regulación, pero, sobre todo, con problemas muy severos para la vida energética de las familias. Dentro y fuera de sus hogares. Y es que tenemos un balance energético nacional muy costoso. Excesivamente concentrado en combustibles fósiles. Con emisiones excesivas de bióxido de carbono. Con una concentración enfermiza en un transporte caro, ineficiente y sucio.
Por favor permítaseme terminar esta nota utilizando una expresión muy afortunada de Gustavo Leal en La Jornada de ayer sábado: El nuevo PRI carece de una sola línea para atender la primera demanda ciudadana: mejorar servicios, mejorando las condiciones de quienes son los responsables finales de la calidad: los equipos nacionales que brindan la salud y la seguridad social
. El nuevo PRI tampoco formula líneas nítidas que permitan brindar la energía necesaria para las familias y la sociedad mexicana, en la que la canasta básica de combustibles y electricidad para los hogares mexicanos, por un lado, y las alternativas para el transporte y otros usos finales de energía, por el otro, exigen renovadas estrategias.
Se quedan –lamentablemente y con una visión miope– en la manera de hacer penetrar al capital privado en las empresas energéticas, sin considerar –ni siquiera y en ningún compromiso– la urgencia de combustibles y electricidad suficientes y limpios para los mexicanos. De veras.
