Por: Arnaldo Córdova
¿Por qué los revolucionarios mexicanos pensaron en preservar las riquezas del subsuelo para un ente abstracto que llamaron Nación? Los buenos constitucionalistas mexicanos de los años veinte y todavía de los treinta lo explicaron con sobra de razones, escenificando memorables debates entre ellos mismos y con los enemigos de la Revolución: la riqueza de nuestro inmenso territorio no puede dejarse expuesta al saqueo de los intereses privados (nacionales y, sobre todo, extranjeros), ineptos por naturaleza para entender y hacerse responsables de los intereses generales de la Nación. Esa riqueza debía ser protegida y administrada por el Estado.
Pero, ¿qué era la Nación? Jamás dieron una definición clara. Explicaban lo que era con una identificación: la Nación es el conjunto de los mexicanos (de todas las edades). El territorio patrio es patrimonio de todos los mexicanos, vale decir, de la Nación. También identificaron con toda claridad otro concepto clave: el de pueblo. Sabían que es un concepto político y lo conforman sólo los que son ciudadanos. Estos organizan el Estado y lo hacen el representante de la Nación. La Nación propietaria quiere, por voz de su pueblo, que es su cuerpo político, que su Estado administre los bienes comunes que le pertenecen, entre ellos los que yacen en el subsuelo de su territorio, comprendido el petróleo.
A todo el que lo dude se le puede demostrar que nuestros juristas y nuestros políticos más ilustrados de aquella época razonaban con base en esos sencillos conceptos. Ese fue el fundamento del artículo 27 constitucional. Don Andrés Molina Enríquez decía que el territorio es para una nación lo que es la concha para un molusco: su protección y su fuente de vida. Para él como para el general Cárdenas, estaba claro que ese caparazón, el territorio, debía administrarse y usarse muy bien para que su nación pudiera desarrollarse con capacidad para satisfacer sus necesidades. No podía entregarse sin más a la codicia de los privados.
Ahí reside el fundamento filosófico-jurídico y sociológico del artículo 27. Es por eso, también, que este artículo emblemático de nuestra Carta Magna estipula que de las riquezas del subsuelo, “tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva” (reforma de 1960). Es la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el Ramo del Petróleo, que establece que esa actividad la llevará a cabo una empresa nacional que es Pemex.
En mi concepto, lo que establece esa ley debería estar inscrito en el texto del 27 y ahí mismo debería decirse que la Nación lleva a cabo esas actividades de aprovechamiento de nuestra riqueza a través de su empresa nacional que es Pemex y no dejar a leyes secundarias el fin para el que está destinada esa empresa. Cómo se organice y cómo opere Pemex es materia de la ley reglamentaria. Para qué existe Pemex es algo que debe quedar en la Constitución. Nadie se ha hecho cargo de esta necesidad institucional en la actual discusión de la reforma.
Las iniciativas de Calderón son todas violatorias de la letra y del espíritu de la Carta Magna. Todo mundo se ha dado cuenta de ello y ya se ha señalado en multitud de ocasiones, pero vale la pena reiterarlo. Si se recuerda lo que establece el 27, se verá la abierta violación que la reforma propuesta en el artículo cuarto de la ley impone: “… los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”.
El mismo artículo propone algo que también viola flagrantemente lo dispuesto en el 27: Pemex podrá “contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo” y agrega, en contradicción con su primer párrafo, que el contratista deberá entregar a Pemex todos los productos y residuos aprovechables que resulten de los procesos realizados. Entonces, ¿para qué se les da antes el “permiso” de “almacenar” tales productos? ¿Sólo para entregarlo a Pemex? Pero el siguiente párrafo establece que los privados “podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan”. Todo eso lo prohíbe claramente el 27.
Desde la época de Zedillo, todos los gobiernos y sobre todo los panistas se han hecho adictos al método de anular cínicamente la Constitución mediante leyes secundarias que establecen lo contrario de lo que la Carta Magna manda y a ninguno de sus exponentes les parece que estén haciendo mal. Calderón nos propone una ley secundaria que dice todo lo contrario de lo que instituye la Constitución y todavía tiene la desvergüenza de decirnos que la Constitución no se toca. Claro que no la ha tocado, pero con su propuesta de reforma lo que hace es anular (en derecho decimos “abrogar”) nuestro máximo código político.
En su propuesta de reformas a la Ley Orgánica de Pemex sobresale la integración de un Consejo de Administración que estará conformado por seis consejeros designados por el Presidente, cinco por el sindicato (corrupto como casi ningún otro, junto con el SNTE) y cuatro expertos también designados por el Presidente. Es verdad que muchas de las acciones dependerán de los consejeros expertos, pero el hecho es que se trata de un consejo hecho a la medida del manejo arbitrario por parte del Ejecutivo de la empresa nacional. Las facultades de que está investido ese consejo en el texto de la reforma deberían ser supervisadas por alguna de las cámaras del Congreso. Pero éstas quedan totalmente fuera.
Es por eso que se debe demandar una reforma constitucional que acabe de hacer de Pemex un sujeto constitucional, como ente del Estado, bajo el manejo del Ejecutivo, pero supervisado por los demás Poderes de la Unión. Las reformas sugeridas no buscan otra cosa que hacer de Pemex un proveedor de materia prima a los privados, con lo que al final se convertirá en un cascarón vacío y el petróleo será el botín de los privados que ansían los reaccionarios panistas y sus aliados priístas.
