Por: José Antonio Rojas Nieto
Luego de dos semanas de debate en el Senado de la República, uno no puede menos que lamentarse de la orientación general del proceso que se ha seguido para reflexionar, analizar, debatir, polemizar y, finalmente, decidir sobre el futuro de Petróleos Mexicanos (Pemex), que no del sector energético mexicano, por cierto. Y no es que no haya habido intervenciones respetabilísimas e iluminadoras. No. No es eso. Pero es indudable que en general, el debate tiende a ofrecer no sólo una serie de improvisadas reflexiones, sino también, una lamentable ausencia de contexto y referencias y bases técnicas. ¿A qué me refiero?, a reserva de hablar en otro momento de lo denominado referencias y bases técnicas, ofrezco algunos elementos sobre el contexto.
Es necesario y urgente considerar dos aspectos esenciales de la problemática: el estrictamente energético y el fiscal. Se percibe ausencia de contexto en la discusión porque, finalmente, si estamos de acuerdo en que los productos de la industria petrolera -todos, absolutamente todos- se utilizan para resolver las necesidades cotidianas de energía, es decir, de movimiento, de iluminación, de fuerza motriz, de cocción de alimentos, de calor de proceso, de refrigeración y de aire acondicionado, entre otras, la orientación final de las intervenciones debieran apuntar hacia nuestros paradigmas sociales de satisfacción energética, de seguridad energética y en última instancia de bienestar social.
Asimismo -y en un sentido crítico-, hacia nuestro paradigma fiscal. Ni siquiera el diagnóstico de Pemex -con sus claroscuros- ofrece elementos integrales para acceder a este contexto y construir las bases de nuestro paradigma energético. Menos aún -finalmente y con cierta razón pudiera decir que no le corresponde- sobre nuestro paradigma fiscal.
Creo que no me equivoco al señalar que no se han escuchado advertencias sobre la necesidad de ubicar la discusión en el marco del balance energético nacional y -sin duda también- del balance energético mundial y sus tendencias, virtuosas y viciosas. Tampoco en el marco de acceso a una nueva fiscalidad, menos, mucho menos, petrolizada. ¿Un ejemplo?, la reiterada argumentación sobre la necesidad de gasolinas que fundamentaría -ante la supuesta ausencia de recursos propios- la introducción de productores externos de refinados (símil de los productores externos de electricidad) como mecanismo compensatorio de la importación creciente de destilados; no se analiza en el marco crítico del dispendioso e irracional esquema de transporte de personas y mercancías en nuestra economía. Y no es que no resulte necesario, incluso urgente, construir una refinería. No, pero tanto o más urgente es hacerlo en el marco de una renovada política energética que busca modificar en un sentido altamente progresivo el patrón del transporte en nuestro país, principal responsable del consumo de refinados y de la contaminación, no sólo en México sino en todo el mundo.
Es prácticamente imposible que el sector transporte pueda reorientarse en el corto plazo hacia otros combustibles. Y será muy difícil que lo haga en el mediano y largo plazos. Pero más difícil aún, si no se modifican los esquemas actuales hacia formas que utilicen otro tipo de combustibles o energía, o que optimizan su utilización. Asimismo, la reflexión sobre nuestra fiscalidad es, sin duda, otra de las ausencias notables.
En el corto plazo es imposible sustituir los recursos gubernamentales petroleros (hasta 40 por ciento en años recientes). Y en el mediano y largo plazos también lo será, no sólo frente a la inminente elevación de los costos de producción del crudo y -a pesar de todo- la baja que experimentarán los precios internacionales luego de su espiral especulativas, sino por la inercia -la más de las veces violentísima- de los sectores que, sin duda, debieran aportar más a la fiscalidad gubernamental y no lo hacen.
Una reflexión de fondo debe trascender el pugilato mediático que ha caracterizado el debate hasta hoy. El Senado de la República debe reflexionar a fondo lo que está haciendo, so riesgo de llevar la discusión -una vez más- no sólo a una superficialidad legal, sino a una normatividad maquillada, como ocurrió en 1992, a propósito de la Ley del Servicio Público de Electricidad. Lamentablemente eso puede ocurrir si no se recontextualiza la discusión actual y se aborda con el respeto y el cuidado que merecen los aspectos técnicos. De veras.
José Antonio Rojas Nieto rojasags@yahoo.com.mx
