Por: Víctor Orozco
Excelente reflexión del Dr. Víctor Orozco, sobre la propuesta privatizadora de Petróleos Mexicanos, que ha venido esgrimiendo el gobierno de Felipe Calderón.
VICTOR OROZCO
La junta de coordinación política del Senado de la República acordó convocar a un debate nacional sobre la situación de PEMEX y la posible reforma energética. A estas alturas ya se han consumido ríos de tinta y millones de bytes en el espacio cibernético en la discusión sobre el punto. Básicamente nos encontramos ante dos posturas: la empresa mexicana se sostiene como una entidad pública, paraestatal o bien, transfiere parte de sus activos a los empresarios privados, mexicanos y extranjeros, compartiendo con ellos la renta petrolera como le dicen los economistas a las ganancias que obtiene.
El argumento central de los que proponen la segunda opción, es que PEMEX está declinando paulatinamente, de suerte tal que en 2012 habrá una reducción en la producción de 800 mil barriles diarios en los principales yacimientos y en el 2018 será de 1.5 millones de barriles. La causa de esta caída, dicen, es la carencia de tecnología, imposible de alcanzar si no se tienen recursos extras. En contraparte, dice el diagnóstico de ambos funcionarios: «mientras otros países se enriquecen por el aprovechamiento del petróleo en aguas profundas en las zonas fronterizas, México lo desaprovecha y corre el riesgo de perderlo». El secretario de Hacienda ha puesto la cuestión en forma de un gravoso dilema: si no se cambia PEMEX, habrá que aumentar los impuestos o disminuir el gasto social. Igual lo ha dicho Felipe Calderón: o se acepta la reforma o habrá recortes y dolorosos ajustes al final del sexenio.
En la trinchera de enfrente, se esgrime una gama variada de razonamientos. El de mayor relevancia sostiene que el gobierno no debe entregar a las empresas privadas la mayor fuente de riqueza económica existente en el país y poseída por la nación desde 1938. Se han refutado uno a uno los argumentos privatizadores: PEMEX es una de las empresas más rentables en el mundo, le cuesta 4 dólares poner en el mercado un barril de petróleo, mismo que vende allí en 70 o 90. En 1995 la entidad obtuvo ganancias por 69 mil millones y en 2006 por 585 mil millones de pesos. En aquel año pagó 75 mil millones de pesos de impuestos y en el último 584 mil millones. Nunca en la historia de México habíamos tenido unos gobiernos tan ricos, como los de Fox y Calderón y al mismo tiempo tan dependientes de la renta petrolera. Y nunca se habían presentado las oportunidades históricas para abandonar el subdesarrollo y escalar sustancialmente los niveles de bienestar del pueblo mexicano.
¿El camino para arribar a estas metas es compartir la riqueza petrolera con los empresarios privados?. ¿Permitir y promover la transferencia de estos recursos a las sedes de las trasnacionales a cambio de bienes y servicios que México puede adquirir?. Vale recordar la experiencia de la banca. En una escala siempre creciente, los bancos que pertenecen en un 90% a empresas extranjeras han acumulado miles de millones de dólares durante los últimos siete años, mientras que el pueblo de México sigue pagando el llamado rescate bancario. Tan sólo el año pasado los banqueros obtuvieron cerca de 70 mil millones de pesos por concepto de ganancias netas. El grueso de este capital sirvió para financiar proyectos económicos en España o en otras áreas bajo el control de las trasnacionales, mientras que aquí nos quedamos con las migajas.
Se dice por los voceros oficiales, entre ellos su propio director general de PEMEX, que debe permitir que ésta se “acompañe” por la empresa privada para hacerse de la tecnología indispensable en la exploración y localización de nuevos yacimientos incluso en los probables de aguas profundas. Tales “compañeros”, de seguro nos costarían lo mismo que los españoles dueños de los bancos mexicanos hoy en día, cuando existe oferta de tecnología en todo el mundo contando PEMEX con los recursos necesarios para obtenerla. En efecto, sólo en este año se esperan excedentes en los ingresos por la venta de crudo que alcanzan alrededor de 100 mil millones de pesos, si se considera que el precio del barril promediará 72 dólares, mientras que el presupuesto del gobierno se calculó sobre la base de 49 dólares. El gobierno federal dispondrá pues de unos diez mil millones de dólares extras, que no están comprometidos con ninguno de los programas o gastos predeterminados.
Es posible que estos gigantescos recursos se destinen a la inversión productiva y a largo plazo en PEMEX, pero es posible también, que vayan a parar a los bolsillos de contratistas, charros sindicales, socios capitalistas de funcionarios públicos, para la construcción de obras suntuarias que llevarán el nombre de gobernadores o de sus esposas y hasta para la edificación de santuarios religiosos. Estos últimos destinos son desde luego los más probables, si consideramos la alianza gobernante conformada en el país.
Privatizar PEMEX significa seguir el mismo camino trazado por los intereses de las grandes trasnacionales, preocupadas ahora por el hecho de que el grueso de las reservas mundiales de hidrocarburos se encuentran bajo el control de estados nacionales como Arabia Saudita, Rusia, Irán y Venezuela. Implica también la continuidad de una política económica que reserva la miseria a las mayorías y el enriquecimiento a unos cuantos encumbrados. Lo procedente sería sanear las finanzas de la empresa, destinar las fabulosas ganancias que obtiene y tras las cuales rondan los especuladores, para las inversiones en educación y salud de las mayorías, esas sí estratégicas y productivas.
Muy poco puede esperarse de un gobierno aferrado a mantener una política económica beneficiaria de estas élites aprovechadas de los recursos públicos. De no ser por las remesas de los trabajadores mexicanos migrantes en Estados Unidos, con seguridad estaríamos frente a una crisis mayúscula. Tales recursos han aumentado también en proporciones similares a la renta petrolera durante los veinte años anteriores. En 1989 se recibieron 1680 millones de dólares por este concepto, sólo el pasado mes de febrero llegaron casi 1750.
No hay antecedentes en el país de todas estas macrocifras. El debate nacional debe conducir a políticas públicas que ayuden a construir una nación para todos y no para unos cuantos dueños.
