Por: Víctor Orozco.
La campaña mediática montada por la presidencia de la República en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas, para apuntalar el decreto que disuelve la Compañía de Luz y Fuerza del Centro ha desencadenado a su vez una ola de prejuicios y animadversiones que algunos sectores de la población han alimentado contra la clase obrera. Quizá es uno de los objetivos de los instigadores del linchamiento contra los sindicalistas. Es probable que Felipe Calderón y su partido busquen hacerse así de una mayor base social dura, menos dependiente de las contingencias del llamado “voto útil”. Estarían allí segmentos filofascistas, conservadores a ultranza, apostadores eternos contra todo lo que huela a izquierdismo. Golpes contra sindicatos obreros pueden, en esta perspectiva, ayudar a consolidar un núcleo compacto sobre todo entre las clases medias, nutrido por obsesiones, escrúpulos y fantasías hábilmente manipulados y siempre en provecho de los grandes capitales. En el corto plazo, la guillotina tratará de cortar la cabeza sólo el SME, pero está orientada contra todas las formas de organización obrera.
Para doblegar y desmoronar al sindicato de electricistas, se repiten hasta la saciedad cifras y especulaciones sin fin: la empresa tenía 44,000 empleados, que suponen una relación de 136.4 usuarios por cada trabajador, mientras que compañías francesas o norteamericanas atienden a 237 o la misma Comisión Federal de Electricidad que da servicio a 329 usuarios, circunstancia que según el gobierno la coloca en la cúspide de la eficiencia mundial. (Por ahora y mientras sirva de palanca para desbaratar a su consanguínea, porque de triunfar esta estrategia del gobierno panista, mañana estará también en la lista de las empresas estatales improductivas a liquidarse). Estos datos escuetos nada dicen sobre niveles de automatización en cada una de ellas, obsolescencia de equipos, etc., entre muchos otros factores, pero el propósito es justamente corearlos una y otra vez, sin que puedan refutarse o matizarse.
Se insiste: a la empresa disuelta se le transfieren 52,000 millones de pesos cada año desde el fisco federal. El presidente Calderón le da vuelo a los cálculos y afirma que la operación de LyF hizo que se perdieran cien mil empleos en el centro del país que emigraron hacia otros estados o “peor aún (sic)” al extranjero. El secretario del trabajo machaca: “Si de privatización hablamos, prácticamente podríamos decir que de alguna manera era el sindicato, no el pueblo de México, no los usuarios, sino el sindicato, quien tenía realmente a disposición este organismo”. La culpa es pues del sindicato y de sus agremiados, constituidos en una élite corrupta merecedora no sólo del despido en masa, sino del repudio popular.
El primer cuestionamiento que debemos hacer es el de las cifras manejadas por el gobierno, puesto que se hace uso de ellas como instrumentos de propaganda, en medio de una batalla para golpear a un enemigo. Antes, todos los datos eran positivos, tanto, que en junio de este año la Secretaría de la Función Pública dio por cumplidas en cerca del 100% las metas trazadas en el Comité Mixto de Productividad.
Las afirmaciones de Calderón aparecen como cuentas de algún especulador con frágiles sustentos: si las demandas de servicio eléctrico de varias empresas se hubiesen atendido a tiempo se hubieran generado cien mil empleos. Tales suposiciones del Presidente son francamente irresponsables, no propias de un estadista, sino de algún líder político inferior. Puesto ya en este camino ¿Por qué no nos dice con la misma precisión cuántos empleos se han dejado de generar por los lentos trámites en las miles de oficinas públicas?. ¿Quiere decir que el grave problema del desempleo que aqueja al país se resolvería en buena medida apenas se agilicen los procedimientos burocráticos?. ¿Sin atender a las estrategias de política económica?. ¿Sin capacitar a la fuerza de trabajo? ¿Sin elevar el poder adquisitivo de las mayorías?. El argumento se parece mucho al del tonto que pensaba hacerse millonario si tan sólo cada semana se abstenía de hacer un viaje a París.
Y, las transferencias de fondos públicos a LyF ¿Van a concluir por que se le cambie de nombre a la entidad receptora?. Si ello fuera así, entonces concluiríamos que este déficit iba a parar a los bolsillos de los sindicalizados hoy despedidos. Pero no, tales transferencias se destinan a comprar energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, a los precios fijados por la Secretaría de Hacienda. Es decir, los que son números rojos en la primera de las empresas públicas, se convierten en números negros en la segunda, con la particularidad de que ambos registros son escritos por la misma mano. Así, basta barajar los números para declarar inoperante a una y eficiente a la otra.
Todo esto nos habla de una vorágine demagógica en la cual se encuentran de llenos metidos los altos funcionarios públicos y que desborda todos los límites. El colmo quizá lo alcanzó el secretario de Hacienda cuando ofreció bajar los impuestos, al eliminarse los subsidios a LyF. Podríamos suponer que gentes informadas e ilustradas no caerían en el garlito. Pues no, el escritor Rafael Pérez Gay candorosamente nos endilga que: “¿Qué defiende esta marcha? Entre otras cosas el contrato colectivo del Sindicato Mexicano de Electricistas, es decir, sus privilegios equivalentes al Programa Oportunidades, el doble del presupuesto que recibe cada año la UNAM, el derroche abusivo del sindicalismo mexicano”.
Veamos: Más de la mitad de los electricistas ganan menos de seis mil pesos al mes. El promedio general no pasa de diez mil. ¿Tal es la casta privilegiada?. Un obrero industrial con trabajo seguro, servicio médico, jubilación y salario más que modesto, ciertamente es privilegiado en un país de miserables. Así que, en la perspectiva de estos campeones luchadores contra los privilegios, hay que arrojarlo al cenagal de la pobreza. Y luego, piadosamente proveerlo de una compensación a manera de tablita, que le servirá un tiempo, si no le acontece alguna calamidad frecuente como las enfermedades o los accidentes, porque entonces la “jugosa” indemnización quedará en alguna de las cuentas bancarias de los grandes propietarios de hospitales privados. Tan generosa prestación desde luego, tiene un precio: el abandono de su sindicato y de su condición de obrero organizado. Aislado, sólo, con su pequeña bolsa que se le disipará como arena en el puño, ya no es ningún peligro. Con suerte, hasta se pase a las filas de aquellos que identifican a los protestones e inconformes con el origen de sus tragedias.
¿Debemos creer que las causas reales de la decisión tomada por el gobierno son las que se exponen en el decreto?. O, tal vez, la pregunta debía formularse mejor: ¿Por qué habríamos de creerlas?. El gobierno lidia o negocia o acuerda todos los días y cada año durante las revisiones salariales o de las condiciones de trabajo con otros grandes sindicatos: el SUTERM, el de PEMEX, el SNTE, etcétera. En esta lógica ¿Qué le impedía poner orden en la empresa deficitaria e ineficaz, si en sus manos está el nombrar a todos los funcionarios y empleados de confianza?. ¿Si podía mejorar el sistema de cobros por los servicios prestados, haciéndolos efectivos por ejemplo a empresas y dependencias oficiales exentas o morosas? Pero no, para los males, en el horizonte ideológico del gobierno, hay que buscar culpables, no remedios o soluciones. Y los culpables fueron los obreros, con su casi centenaria organización ¿Por qué?.
La respuesta está en el comportamiento del SME. Ni con mucho es un dechado de virtudes y sus dirigencias quizá no podrían eludir cargos de corruptelas, pero desde luego éstas no le interesan al gobierno de Felipe Calderón. Lo que sí le importa es que se trata de un sindicato insumiso, con elecciones periódicas, reacio a sumarse al coro de aplausos y validaciones de la política antipopular del régimen o peor aún, a las complicidades al estilo de Gordillo o Romero Deschamps. Para colmo, se ha involucrado en el movimiento de oposición que encabeza López Obrador. Allí está la verdadera razón del intento de desintegración de la organización obrera. Dicho en otros términos, el golpe de Felipe Calderón es político, tiene motivaciones políticas y propósitos políticos. Buscar en otra parte, pensando con benevolencia, es hacerle al Tío Lolo.
En muchas ocasiones lo he escrito de diversas maneras: basta observar con atención la labor de nuestros trabajadores, rurales o urbanos, artesanos y campesinos, para percatarse de su inventiva, su fuerza, su formidable capacidad para utilizar productivamente un enorme arsenal de habilidades y conocimientos acumulados por generaciones. Hasta puede persuadirse uno de que están entre los mejores del mundo. En ellos reside la pujanza de una sociedad y no en los grandes dueños o cebados miembros de la burocracia política, figuras de ornato en los medios de comunicación, cortadores de cupones y en general parasitarios. Por todo ello hay que marchar con los obreros, sobre todo en estos tiempos, en que se les pretende convertir en perros del mal.
