Por: Arnaldo Córdova
Desde que el PAN propuso a quienes debatirán en el Senado en defensa de la reforma de Calderón sobre el petróleo, quedó bastante clara la estrategia argumentativa que seguirán ante sus adversarios. Todos ellos, con la excepción notable del paisano Germán Martínez Cázares (no sé qué podrá hacer en el debate), han expuesto puntos de vista más o menos similares: desprestigiar a Pemex como un monopolio contrario al espíritu del 28 y del 26 constitucionales, que promueven la libre competencia y la iniciativa de los privados. A ello se refirió Héctor Fix Fierro en un coloquio en su instituto. No tendrán ideas quienes defienden las reformas propuestas por Calderón, pero abundan en ocurrencias. El artículo 27 está bien, según ellos. Lo que no está bien es la Ley Reglamentaria en materia de petróleo vigente que, desde su versión de 1958, confiere a Pemex la tarea de encargarse de la “industria petrolera”, en toda su cadena productiva y comercializadora. Dicho concepto no existe en el 27 ni en el 28. El 27 nos habla sólo de “producto”, el que no implica que, ya no digamos Pemex (que es un ente inexistente en el texto constitucional), sino incluso la Nación, titular propietaria del recurso, deba encargarse de toda la cadena productiva y menos aún de la comercializadora. Todos hablan de “conceptos” y algunos han advertido que su alegato se funda en una interpretación de las palabras “exactas” de la Carta Magna. Hasta ahora, sólo han hablado de dos: el producto y la industria petrolera. El maestro Eduardo García Máynez escribió dos obritas, Lógica del concepto jurídico (1959) y Lógica del juicio jurídico (1955), que resultan esenciales para entender a cabalidad la argumentación jurídica y el análisis de toda ley. El concepto es una definición de un tópico jurídico (por ejemplo, producto en petróleo). Toda ley está hecha de conceptos. El juicio es un método que liga entre sí los diferentes conceptos. A través de él, podemos entender lo que quiere decir una ley en los conceptos que la integran, interpretándolos en su conjunto. No se qué tan duchos sean los que van a debatir a favor de la reforma en filosofía del derecho y en lógica jurídica, pero creo que podrán entender con facilidad. Todos los grandes juristas de nuestro tiempo están de acuerdo en las observaciones que, en su época, hizo Emilio Betti (Interpretazione della legge e degli atti giuridici, 1949, y Teoria generale della interpretazione, 1955) acerca de cómo interpretar una ley y, sobre todo, una Constitución. Coincidiendo con García Máynez, Betti señala que interpretar sólo las palabras es un anticuado y muy limitado modo de entender un ordenamiento jurídico. Hay que ver siempre el conjunto de la ley y, más todavía, de la Constitución, para saber lo que realmente dicen. Hay letra, pero hay, ante todo, espíritu, sentido. Veamos ahora su idea de producto. En mis lecturas de economía política he aprendido que el producto es la coronación del proceso productivo. Adam Smith lo reducía a la ganancia, pero sus sucesores, David Ricardo y Karl Marx, lo corrigieron pues, sobre todo el primero, hicieron notar que había que saber lo que el producto había costado en tiempo de trabajo. Es absurdo separar el producto de su cadena productiva. Todo este lío es porque el 27 dice que “la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos” (del subsuelo, incluido el petróleo). Los defensores de la reforma dicen que el 27 no dice que la Nación deba encargarse de todo el proceso productivo y sugieren que los artículos 28 y 26, siempre promotores fieles de la iniciativa privada, indican que partes de la cadena productiva deben encargarse a particulares. Olvidan decirnos en qué parte la Constitución dice, literalmente, eso. Olvidan que el 28 habla de un sector estratégico que es el petrolero que debe quedar en exclusiva para la Nación. También que el 26 refrenda ese concepto y que, si se interpretan los tres artículos, junto con el 25, todos en conjunto, resulta un juicio jurídico que les será muy difícil de admitir, pero también de rebatir: se trata de un recurso natural (no sólo de un producto) que pertenece a la Nación y que la Nación misma explotará, “en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva”. Dicha ley dice que será a través de Pemex. Esa ley podría decir que se hará también a través de otros sujetos jurídicos, como lo proponen las iniciativas de Calderón; pero, si llegaran a aprobarse, entrarían en contradicción flagrante con la Constitución, porque en ningún lado ésta dice que los privados podrán llevar a cabo la explotación de “esos productos”. Y bien interpretada (mediante juicios jurídicos y no mediante sólo conceptos o palabras), por lo demás, más bien afirma que es una riqueza nacional que debe ser explotada en su beneficio sólo por la Nación. Explotación, en el sentido que da la Carta Magna, no es un aprovechamiento cualquiera, como lo ven los defensores de la reforma, sino, precisamente, un proceso productivo que resulta en un producto. Como lo dije antes, lo que de verdad están planteando es la tesis de que Pemex es un ente “inconstitucional” (el término no se les ha ocurrido, pero razonan en ese sentido). No lo puede ser si la Ley Reglamentaria lo instituye y ésta deriva del 27. Pero ellos dicen que es un monopolio. El 28 dice que no será monopolio, porque no entra en la concurrencia de negocios. Eso no lo entienden. Habrá también que recordarles que el 26 establece que los sectores estratégicos son una palanca esencial de la planificación nacional y que su función como tales es primordial en la economía. Aparte sus críticas al pésimo desempeño de Pemex como empresa, lo que están diciendo es que no se justifica constitucionalmente y hay que desaparecerla. Pregonan que se apoyan ante todo en la Constitución, pero su credo es el que expresó en su último artículo mi amigo Enrique Krauze: “El problema está en la sutil suplantación que el Estado ha hecho de la nación: para todos los efectos prácticos, quien tiene la propiedad del petróleo no es la nación, sino el Estado, que delega la propiedad en el gobierno en turno… La ‘propiedad’ de la nación es letra muerta”. Así es: no creen en la Constitución que sigue siendo, según ellos, “letra muerta”, aunque ahora la evoquen para sus fines privatizadores.
