Por: Víctor Orozco
¿Es necesario que PEMEX comparta con empresarios privados -nacionales y extranjeros- parte de sus ganancias para localizar y explotar nuevos yacimientos, así como para refinar el crudo?. ¿Cómo debe invertirse la renta petrolera, -casi setecientos mil millones de pesos el año pasado- de suerte tal que beneficie a la mayoría de los mexicanos?. ¿Y los excedentes petroleros -unos cien mil millones para este año- hacia donde deben dirigirse? ¿Debe el reparto seguir sujeto a la negociación entre unos cuantos funcionarios del ejecutivo federal y de los gobernadores, así como al chantaje que recíprocamente se practican? ¿Cuáles son las razones por las que Petróleos Mexicanos ha paralizado la construcción de nuevas refinerías de crudo? ¿Ha sido la falta de capital o un avieso plan a largo plazo para forzar su privatización?. ¿Por qué causas los grandes negociantes tendrían interés en invertir en la exploración de nuevos yacimientos, en la refinación del crudo, en la construcción de oleoductos y otros sistemas de transporte? ¿El retiro del Estado de actividades económicas consideradas hasta ahora estratégicas implicará el ingreso de recursos económicos frescos o nuevas sangrías a la depauperada población mexicana? ¿Cómo impedir que una privatización parcial como la que hoy se pretende, acabe por entregar la industria petrolera mexicana al capital extranjero?¿Cómo evitar este modelo que en Argentina condujo a una crisis económica que empobreció e hizo retroceder aquella nación a niveles impredecibles?¿Quién y cómo debe administrar la empresa paraestatal? ¿Qué órganos estatales y ciudadanos deben intervenir en la fiscalización de sus operaciones y manejo de recursos? ¿Cómo y quién debe fijar los salarios de sus altos funcionarios? ¿Debe estar sometida absolutamente, como hasta ahora, al Presidente de la República o abrirse a la intervención de la ciudadanía? ¿Cómo evitar la acción de una añeja y corrupta camarilla sindical que parasita sobre los recursos de todos los mexicanos, con la complicidad de la administración en turno?. ¿Cómo evitar que suceda lo mismo con PEMEX que con los bancos privatizados, esto es, que la mayoría de los mexicanos paguemos los platos rotos y unos cuantos “abusados” se lleven las ganancias? ¿Cómo evitar una nueva privatización -abierta o velada- cuyos resultados sean la generación de fortunas inconmensurables como sucedió con teléfonos, la televisión, las empresas áreas, los bancos? ¿Cómo hacer para que el fisco federal no se lleve el total de las ganancias de PEMEX y a su vez dependa en un altísimo porcentaje de los ingresos aportados por ésta? ¿Cómo hacer que la gigantesca empresa se articule plenamente con el resto del aparato productivo de manera tal que fomente el desarrollo de pequeñas empresas industriales y de servicios? ¿Cómo evitar que influyentes y funcionarios públicos, – tipo el actual secretario de gobernación- usen el poder oficial para hacer negocios con PEMEX? ¿Cómo vincular la empresa a la comunidad científica del país para que contribuya al desarrollo de la investigación y se retroalimente de ella?. ¿Cómo hacer para que sus trabajos en las zonas donde opera, principalmente en aquellas donde se ubican los yacimientos, ayuden a la protección del medio ambiente en lugar de arruinarlo?.
Todas estas cuestiones tienen un alcance de importancia vital para el futuro de la nación y el bienestar de sus habitantes. Estamos hablando de la principal fuente de riqueza poseída por los mexicanos a lo largo de nuestra dilatada historia. Así que vale la pena sentarnos a discutir con sensatez y a profundidad este cuestionario y otros más, porque de la manera como se respondan y se instrumenten las políticas públicas implicadas en las respuestas, dependerá en gran medida si somos capaces de salir del subdesarrollo o seguimos con un gobierno y unos cuantos privilegiados extremadamente ricos y cincuenta millones de pobres. Esto sucederá si, como se estilaba en el pasado, los legisladores aprueban a la carrera el proyecto de reformas a la legislación petrolera que el Presidente de la República puso en manos del Senado en días pasados. Muchos miembros de la clase política entre ellos gobernadores y congresos locales, -ya sea sobornados, presionados, disciplinados o negociados-, se apresuraron a brindar su apoyo a la iniciativa de reformas, apenas si la leyeron con superficialidad. Igual lo han hecho o la harán en los próximos días las cúpulas empresariales y eclesiásticas, como que el gobierno actual representa a su propio proyecto económico, político y cultural.
Las medidas de resistencia civil contra la privatización del petróleo, entre ellas la organización de las brigadas femeninas y la toma de las tribunas parlamentarias por senadores y diputados del Frente Amplio Progresista, con todo y el linchamiento mediático que les siguió, sin duda han tenido la virtud de propiciar el debate sobre la necesidad del DEBATE. La presidenta del PRI ya anunció que su partido considera insuficientes para la discusión y el estudio a las escasas reuniones de las cámaras restantes hasta el 30 de Abril, fecha en la cual concluye el período ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Hay noticias, sin embargo de que algunos priístas apurados de recibir los beneficios del arreglo con el gobierno y el PAN quieren un fast track, a la manera como lo hicieron en otros casos recientes, como el de la ley del ISSSTE, en contra de la cual acabaron por ampararse el 80% de los agremiados a la institución, no obstante las bendiciones con las cuales serían colmados gracias a la nueva norma, según los anuncios del gobierno, muy similares a los que ahora nos saturan sobre el petróleo.
Queda por verse si en los próximos días el gobierno panista y sus legisladores insisten en dar un albazo a la nación e imponerle una reforma que como el propio Felipe Calderón ha reconocido es light, tibia e insuficiente. Igual se le considera desde otros puntos de vista, diferentes con seguridad a los que orientaron la iniciativa de ley del titular del ejecutivo, porque ni entre las motivaciones que ésta tuvo, ni entre sus disposiciones, al parecer entraron como preocupaciones fundamentales los intereses de la nación y del grueso de los mexicanos, sino los de negociantes y especuladores, hoy ocupantes de las principales funciones del gobierno.
