El análisis de los datos más recientes revela una realidad inquietante para la seguridad energética y fiscal de México. En 2025, la pérdida estimada de ingresos para Pemex por el robo de crudo y combustibles ascendió a 56 mil millones de pesos, mientras que la hacienda pública dejó de percibir otros 67 mil millones de pesos por concepto de impuestos no recaudados. Resulta particularmente grave que, a pesar de las estrategias de control implementadas, la pérdida de ingresos para la petrolera estatal en 2025 fuera un 16% superior a la del año previo, lo que sugiere que el mercado ilícito mantiene una resiliencia formidable.
En cuanto a la evolución de las modalidades, observamos una paradoja: mientras el número de tomas clandestinas en ductos de hidrocarburos ha mostrado una reducción en los últimos dos años, el volumen de crudo robado y el contrabando de combustibles han experimentado repuntes significativos. El robo de crudo, en particular, parece haberse incrementado un 13% respecto a 2024, alcanzando un costo estimado de 1,200 millones de dólares anuales para Pemex.
Finalmente, el fenómeno del «huachicol fiscal» o contrabando de combustibles sigue distorsionando gravemente el mercado. Se estima que en 2025 el diésel robado e introducido ilegalmente desplazó el 14% de las ventas que debieron ser atendidas por el suministro legal. Es notable que los picos de contrabando registrados en años anteriores (2021 y 2024) no guardan una relación directa con el monto del IEPS o IVA evadido, sino que han coincidido, de manera recurrente, con los ciclos electorales en el país.
