Por: José Antonio Rojas Nieto
Sin consultar a Perogrullo, permítaseme decir que es profunda, muy profunda, la superficialidad con la que los candidatos a la Presidencia de la República afrontan la problemática y las perspectivas de solución de lo que podemos llamar lo energético. Y llamémoslo así lo energético, para no restringir el diagnóstico y, mucho menos, las líneas de solución, a la pregunta sobre qué hacer con Petróleos Mexicanos (Pemex) y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde ya hay, por cierto, adelantos plagados de superficialidad e ignorancia.
Esta pregunta es muy importante. Pero no puede ser ni la única ni la más importante de una reflexión seria y cuidadosa sobre esta problemática tan sensible para todos los mexicanos. Por eso, regresemos a lo energético. Este regreso exige estudiar y analizar –en la más amplia perspectiva social– al menos cinco aspectos sustantivos:
1) la magnitud y las características de la energía útil –sí, energía útil– que la sociedad mexicana requiere y demanda hoy, pero también requerirá y demandará en un futuro próximo de seis, 10, 15, 20, 30 e, incluso, 50 años, para atender de la mejor manera, racionalmente, con solvencia, al menor costo, al menor precio, sin daño social ni daño ecológico y, sin duda, en una perspectiva de justicia social básica, las necesidades de iluminación, cocción de alimentos, refrigeración, calentamiento de agua, mejoramiento del ambiente –aire acondicionado o calefacción–, utilización de aparatos de entretenimiento y de trabajo, calor de proceso, transporte de personas y mercancías, bombeo de aguas potables y negras, bombeo de aguas para riego agrícola y alumbrado público, entre otras;
2) a partir de esto –y de un imprescindible juicio sobre la mayor o menor pertinencia de esa magnitud y de esa estructuración de la energía útil demandada– el volumen y la estructura de energéticos con los que se logrará la satisfacción de esa energía útil necesaria, también con una visión prospectiva de mediano y largo plazo, justamente para estar preparados a atender, revisar, ampliar o restringir estos volúmenes de energía que exige y exigirá la sociedad;
3) la disponibilidad interna o externa de recursos energéticos con los que se atenderá la demanda social racional de combustibles y electricidad, y los costos internos y externos que implicará la explotación y el desarrollo de estos recursos para –justamente– determinar el nivel y la estructura relativa de precios que se derivan no sólo de esos costos internos o externos, sino también de las exigencias de un uso racional, eficiente, limpio y –permítaseme decirlo– exageradamente responsable de la energía;
4) el análisis de las rentas económicas que la mayor o menor disponibilidad de recursos energéticos permitirá a la nación (en mi caso, supongo que no hay cambio constitucional sobre la propiedad originaria de los recursos naturales, ni sobre el carácter estratégico de la organización integral de la industria petrolera ni, mucho menos, sobre el control nacional del servicio público de electricidad, pero aun en el caso contrario este análisis es imprescindible), para proponer las formas de utilización actuales y futuras de dichas rentas, en el marco de las cuales debe estudiarse con extremo cuidado monto, destino y estructura de los subsidios al consumo de combustibles y de electricidad;
5) finalmente, para sólo señalar un punto más que me parece obligado en una discusión seria –electoral o no– las formas de organización de la producción, el transporte, la distribución y el consumo de combustibles y electricidad, pero también los mecanismos regulatorios que garanticen que las finalidades deseadas y determinadas por la nación para lo energético, sean cubiertas fehacientemente.
Estos cinco aspectos de lo energético exigen lineamientos claros. Y plazos y formas de evaluación de estos lineamientos, y de las formas de organización y los mecanismos regulatorios. En este último punto –por cierto, pero sólo en este– aparece la discusión sobre Pemex y CFE, empresas que –adelantando un poco las cosas– me parece que exigen ser autónomas, aunque con mandatos y finalidades claras. Por cierto, no hay que dejar de señalar la necesaria y urgente reflexión sobre los trabajadores del sector energía, sus organizaciones sindicales y sus responsabilidades frente a la nación, una reflexión que, sin duda, debe ser realizada con ellos. Asimismo sobre la mayor o menor participación privada –nacional o extranjera– en el funcionamiento y organización de lo energético. Sí, creo que un debate serio sobre lo energético nos obliga a repasar y repensar estos puntos. Y, en estos momentos, obliga a los candidatos a la Presidencia de la República a presentar con profunda seriedad, lo que piensan, discurren, consideran y proponen para este sector tan sensible y tan importante para los mexicanos. Así como los principios y la lógica en la que fundamentan sus propuestas. Sí, es momento de preguntarles sobre la energía útil necesaria, la energía primaria y secundaria que la sustenta, sobre los recursos y su forma de explotación, sobre las rentas –petrolera y eléctrica en este caso– sobre las formas de organización empresarial en el sector, sobre los trabajadores de la energía y sus sindicatos y, finalmente, sobre la participación privada en lo energético.
Incluso con muchos ejemplos concretos. Claro que –por ejemplo– al preguntarles sobre qué consideran mejor para la cocción de los alimentos o para el calentamiento de agua en las viviendas del país, el gas LP, el gas natural o la electricidad, se corre el riesgo de que –soberbiamente– alguno responda: ¡Yo qué sé!¡ Yo no soy la señora de la casa! Pero…ni modo. ¿Qué hacemos? Arriesguémonos y preguntémosles. De veras.
antioniorn@economia.unam.mx
Publicado en La Jornada, México, 27 mayo 2012
