José Luis Apodaca
Hoy fue publicado en la prensa nacional, que la trasnacional española Repsol (Gas Natural México) pretende adquirir las plantas eléctricas de Electricité de France (EDF). Estas plantas operan en México, bajo la figura de productor independiente de electricidad (PIE), en la que Comisión Federal de Electricidad (CFE), se obliga a comprarles toda la energía generada durante 25 años, abasteciéndoles además el gas natural requerido para su operación. Cabe señalar que CFE también se obliga a pagarles a los PIE durante 25 años, una amortización anual del capital invertido, a una tasa de descuento de 12.5%, cotizado el capital en dólares. Esta situación financiera implica un costo de inversión muy elevado para CFE, y una ventaja muy atractiva para los PIE, que sin riesgos obtienen un diferencial importante de ganancias.
La oferta de Repsol es de 1,448 millones de dólares, que para una capacidad instalada de 2,223 megawatts, implica un costo unitario de 650 dólares por Kilowatt, que se aproxima al costo inicial de inversión negociado con CFE.
El Congreso debiera intervenir en esta negociación para considerar los siguientes aspectos:
1. Repsol es un monopolio extranjero que ha multiplicado los precios reales de la distribución de gas natural Monterrey N.L. por 3.6, respecto del precio con el que ganó el concurso para adquirir esta concesión en 1998. La Comisión Reguladora de Energía (CRE), no ha resultado efectiva para evitar esta práctica monopólica.
2. De concretarse esta negociación, las trasnacionales españolas (Repsol, Iberdrola y Fenosa), concentrarían un 73% del total de la capacidad de generación (12,000 Megawatts) actual de los PIE. ¿De que manera se evitará el riesgo la CFE, o los consumidores mexicanos, de ser víctima de practicas monopólicas por estas trasnacionales españolas?
3. Existe una opción nacionalista, de que CFE obtenga un crédito internacional a 20 años, a una tasa de descuento de 6% anual, y que directamente adquiera las plantas de EDF. Esta acción permitiría que en los próximos 20 años se obtenga un ahorro mayor de 5,000 millones de pesos, y además nuestro país evitaría riesgos de sufrir prácticas monopólicas en el suministro de un bien tan indispensable para las empresas y usuarios domésticos.
Monterrey N.L. 26 de octubre de 2007.
