México se encuentra, a inicios del 2017, en una crisis social, originada por razones económicas y que cada vez más deriva en una de tipo político. El llamado gasolinazo ha sido la gota que vino a romper los diques del descontento social, causado no solo por los malos resultados de la economía nacional, también por los miles de muertos de la llamada guerra contra el crimen, iniciada en el sexenio anterior y continuada en este; las represiones selectivas contra normalistas y otros opositores, han abonado en el hartazgo generalizado; la persecución y asesinato de periodistas en todo el país, es de los temas más sentidos en toda la sociedad; las contingencias ambientales, causadas por el aumento desmedido en el consumo de gasolina y la falta de transporte público suficiente, tanto en la zona metropolitana de la ciudad de México, como en las principales ciudades del país; la reforma constitucional para implantar la privatización de CFE y Pemex, fueron de las principales causas de molestia; el desabasto de gasolina a fines del 2016, que reveló la intención de terminar de desmantelar a Pemex; finalmente, al inicio de este año, un sistema de fijación de precios a la gasolina y el diésel que empezó con aumentos de más de 20%, mismos que irán creciendo durante los próximos meses, que ahora tiene el objetivo de recaudar cientos de miles de pesos por año para hacienda y que después, será la base de un sistema de acumulación salvaje de los beneficiarios de la privatización.
El descontento de Enero, además de haber sido incubado durante años, por las causas citadas, tuvo el ya mencionado penúltimo causante: el desabasto de gasolina de hace unas semanas. Esta falla del sistema nacional de suministro de petrolíferos, que es un evento nunca visto, al menos durante los últimos sesenta años, es una muestra más de como el actual gobierno ha venido mintiendo en torno a los objetivos de la reforma energética, ya que siempre mantuvo la promesa de no afectar a Pemex, cuando que siempre ha existido la intención de destruir esta empresa, en beneficio de empresarios privados, aliados de los funcionarios de gobierno. Así tenemos que por medio de las licitaciones para explotación de petróleo, llamadas Rondas, se han cedido a privados yacimientos desarrollados por Pemex, en lugar de yacimientos nuevos; de igual forma se ha entregado, sin costo, a las empresas petroleras, la información geológica de la exploración efectuada previamente; en otro rubro, el gobierno federal ha prácticamente eliminado el presupuesto para mantenimiento de las instalaciones petroleras, con lo que su producción ha disminuido drásticamente; en correlación con esta medida, la importación de gasolina se ha aumentado hasta satisfacer más de la mitad del consumo nacional; por último, en este breve recuento, hay instalaciones petroquímicas que se han entregado al capital privado.
La presidencia y el Congreso pensaron que si ya habíamos aguantado tantos golpes, también aceptaríamos sin chistar el presupuesto de ingresos 2017, nutrido generosamente por el IEPS producto de la venta de combustibles con los brutales aumentos que ya conocemos. También pensaron que aceptaríamos sus explicaciones y manipulación de información, pero no es así.
Sabemos que el costo de producción de gasolina nacional, no puede ser mayor a 30 US$ por barril, US$/bbl, ya que el costo de producción de crudo de Pemex es inferior a 10 US$/bbl, según información de la misma petrolera nacional, mientras que el costo de refinación no puede ser mayor de 20 US$/bbl, de acuerdo a estadísticas de costos de refinerías norteamericanas y canadienses. Por su parte, el precio de adquisición de la gasolina importada, que se vende en refinerías norteamericanas a un precio de mayoreo de menos de 65 US$/bbl, no puede tener un costo de transporte a México mayor a 10 US$, según información internacional, por lo que su costo final tendría que ser inferior a 75 US$/bbl.
El último precio de la gasolina Magna de antes del gasolinazo, fue de 13.98 Mx$/litro, equivalente a 107 US$/bbl, así que el diferencial a favor de la SHCP ya era de 32 US$/barril, para la gasolina importada y de no menos de 70 US$ para la producida nacionalmente. La diferencia entre costo y precio de venta, para la gasolina importada, suponiendo que esta fuese el 60% del consumo nacional, es de 15.7 millones de dólares por día (MMUS$/d). Para la nacional, la diferencia es de 22.9 MMUS$/d. La suma es de 38.6 MMUS$/d, equivalentes a 281,809 millones de pesos por año.
El resultado de aplicar un aumento de 25% al precio de la gasolina Magna, a partir del precio de diciembre de 13.98 Mx$/litro, suponiendo que el total de los 828,600 barriles diarios de venta de gasolina fuesen de este tipo, es de más de 450 millones de pesos diarios, o de 166,900 millones de pesos por año.
Aquí se ve claro algo: la secretaría de hacienda ya obtenía utilidades por la venta de gasolina a través de Pemex, desde antes del aumento, o sea, NO HABÍA SUBSIDIO, al contrario, los consumidores OTORGÁBAMOS SUBSIDIO al gobierno. Indudablemente que esta situación se agravará con el aumento.
Una primera conclusión que podemos sacar de este hecho, es que es urgente buscar la MARCHA ATRÁS EN EL GASOLINAZO. Esto es algo que pasa necesariamente por el Congreso, que así como tiene la facultad de expedir leyes, también puede derogarlas. Ciertamente que para cambiar la Ley de Ingresos 2017, inicio del gasolinazo, propuesta por la presidencia, tendría que empezarse por una iniciativa presidencial, que a su vez tendría que aprobar el Congreso.
Caso aparte es la reducción de producción de gasolina nacional, decidida por el gobierno actual, a través de restricciones presupuestales a Pemex. Esto tiene que terminar cuanto antes, a través del restablecimiento del presupuesto de mantenimiento para Pemex. Los recursos para ello, tiene que salir, precisamente de las ventas de Pemex.
A todo esto, ya se ve que los ciudadanos movilizados por el gasolinazo, van a tener que ponerse a estudiar sobre reforma fiscal, ahora que según confesión de Peña Nieto, quiere matar la gallina de los huevos de oro y, exigir desde el principio, algo que no afecte a las mayorías, como siempre ha venido sucediendo en los últimos sexenios.
