México tiene, como pocos países en el mundo, definido desde sus leyes fundamentales los principales aspectos nacionales de la energía: el petróleo es propiedad de la nación, por una parte y el servicio público de electricidad es una obligación de Estado, por otra. El modelo mexicano, vigente desde la Constitución, ha probado ser exitoso en cuanto a la promoción del desarrollo a través de la disponibilidad de insumos básicos para la población y para la actividad económica, tales como gasolina y diesel, de manera preponderante en el ámbito petrolero y servicio público de electricidad en todo el país en la otra mitad de esta doble previsión energética legal.
La generación de recursos para la hacienda pública a través de la exportación de excedentes petroleros, ha permitido por otra parte que estas bases legales, constitucionales, sirvan también para la apropiación de riqueza. Los ingresos que el país obtiene por la venta de petróleo han permitido que la Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal mexicano tenga liquidez durante los últimos tres o cuatro decenios, por lo menos, mientras que por otra parte, este ingreso ha permitido que México sea uno de los países con menores tasas impositivas en el mundo.
Pues bien, este panorama tan ventajoso para los mexicanos, se ve amenazado ante el embate de empresas privadas, con capital mayoritariamente internacional, que presionan para que las leyes que restringen su participación en las actividades energéticas mexicanas, se amplíe, o dicho con más precisión, para que las ganancias que ya se obtienen por dicha participación sean mayores.
En electricidad se tuvo, principalmente desde el sexenio de Carlos Salinas, 1988-1994, cuando el Congreso de la Unión era controlado, a través del PRI, desde la casa presidencial, una agresiva modificación al marco legal, sobre todo en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, lo que permitió la entrada masiva de generadores privados, cosa que prohibía, y sigue prohibiendo la misma Constitución.
En petróleo, aunque desde la expropiación se tenía la contratación de empresas privadas en todo tipo de trabajos de construcción, mantenimiento y sobre todo exploración y explotación, lo cierto es que la presión por más participación, y más ganancias, llevó a aperturas graduales que culminaron en la gran reforma del año 2008, ya en tiempos de la alternancia en el poder ejecutivo y con varios partidos en el Congreso, que produjeron, entre otras cosas, la posibilidad de concesionar, casi a nivel de enajenación territorial y de soberanía, porciones enteras del territorio nacional o de aguas nacionales, a empresas privadas para que exploren en busca de hidrocarburos y para que los produzcan, sin que en ello intervengan los trabajadores de Pemex, más allá de labores limitadas de supervisión, todo ello en contradicción abierta con el espíritu de la Constitución en esta materia.
En este tema, los nuevos contratos, llamados incentivados, que la dirección de Pemex ha licitado y adjudicado en los últimos meses, son una prueba de como lo que debiera ser ingresos para la hacienda mexicana, ahora se comparte con las empresas ganadoras de los concursos, ello más allá del justo pago por sus servicios, el que por supuesto incluye las ganancias al capital invertido.
Ante esta situación, en este año 2012, en tiempos electorales, en los que se renovarán tanto el poder ejecutivo federal, como las dos cámaras del poder legislativo, es oportuno escuchar las propuestas que en materia energética hacen partidos y candidatos. De entrada sabemos que el partido en el poder, el PAN, es proclive a la privatización, tanto a través de la modificación del marco legal, tarea que le corresponde al poder legislativo, pero también sin preocuparse por el respeto a las leyes vigentes.
Todos recordamos como hace ya cuatro años, el gobierno federal nos abrumó durante meses con la campaña aquella del tesoro escondido en aguas profundas del Golfo de México, como presión para que el Congreso aprobara las modificaciones legales que hicieron posible los citados contratos incentivados.
También es necesario recordar como, una vez aprobadas las reformas, con el consenso de los principales partidos en el Congreso, PRI, PAN, PRD, el presidente Calderón insistió en que hacían falta reformas aun más profundas.
El pre candidato del PRI a la presidencia de la república, por su parte, en contradicción con los documentos programáticos de su partido, se ha manifestado repetidamente por aumentar la participación privada, principalmente en Pemex, pero también en materia de electricidad. Esta postura del pre candidato priista aunque va en contra de lo contenido en los documentos básicos del PRI, coincide con la práctica de los últimos años de este partido que igual que intentó, como decíamos antes, la privatización de la electricidad, ahora quiere ir por más beneficios para las empresas petroleras de propiedad privada.
Por último, el pre candidato del PRD y de los otros partidos de la izquierda, ha expresado, una visión con fuerte orientación ideológica, sin contacto con las realidades tecnológicas y económicas de las industrias, petrolera y eléctrica, lo que resultaría, de llegar a aplicarse, en proyectos inviables y fallidos. Tanto el pre candidato, como sus asesores, debieran tomar en serio la posibilidad de ganar las elecciones y tener que aplicar sus dichos, por lo que debieran revisar sus propuestas en materia de energía y adoptar una visión moderna, informada, nacionalista y por supuesto, acorde al conocimiento del sector así como a las realidades actuales.
El país está pasando, por otra parte, por una situación difícil: el desarrollo económico en general, se encuentra en entredicho; el crecimiento de la industria, es muy bajo; la agricultura, de suyo metida en problemas estructurales, con las mejores tierras en poder de monopolios, la producción de alimentos e insumos básicos, que debiera ser prioritaria para la agricultura, se encuentra abandonada o a merced de los intereses comerciales de los agricultores privados, la gran mayoría numérica de los agricultores, por último, se encuentran en condiciones económicas difíciles, sino es que de emergencia; en este mismo sentido, algunas regiones del país, especialmente del norte del mismo, han pasado por cuando menos dos años de sequía que ya hacen pensar en una situación de emergencia alimentaria nacional, que empieza por las propias regiones afectadas por la falta de lluvia.
A todas estas calamidades, se agrega la violencia que lleva una enorme cuota de muertes; nadie duda que en el fenómeno del narcotráfico se encuentre uno de los orígenes de esta plaga que ha llegado al país en este siglo XXI, también se puede pensar que las fuerzas presentes en este mercado ilegal de narcóticos, son incontenibles y por último, que nada se puede hacer.
Lo cierto es, que el actual gobierno federal se ufana, dentro y fuera del país, de sostener una lucha frontal contra los delincuentes, lo que hace pensar entonces, en que la violencia, al menos una parte de ella, es de origen gubernamental. Nada es más grave que esto: la posibilidad, así sea remota, de que parte de las muertes que asuelan el país, tenga su origen en una decisión gubernamental de violar el estado de derecho, es inadmisible.
Las amenazas contra la energía nacional, nuestro principal objeto de atención como Observatorio Ciudadano de la Energía AC, tanto por la política de los últimos gobiernos federales, como las propuestas de los tres pre candidatos a la presidencia, dos privatizadores y uno más con propuestas nacionalistas en efecto, pero a las que les falta información y sistematización, mueven a preocupación.
Pensamos que no hay mejor remedio contra esto que la acción ciudadana, misma que deberá partir, a nuestro juicio, del conocimiento profundo de los temas de interés nacional, del debate de las ideas, del cuestionamiento de las propuestas y de la invitación a todos, partidos y candidatos incluidos, a planear el mejor futuro para nuestro petróleo y nuestro servicio público de electricidad.
Por nuestra parte, tenemos la decisión de dar seguimiento a las campañas y proponemos que la ciudadanía así lo haga.
Consejo de Redacción del Observatorio Ciudadano de la Energía AC
México DF, Enero de 2012
