Sergio Benito Osorio
Observatorio Ciudadano de la Energía, AC
México, 2015
La reforma al marco jurídico de la explotación de los hidrocarburos y del servicio público de energía eléctrica en México, que se llevó a cabo entre diciembre de 2013 y agosto de 2014, es de tal magnitud que ha llegado a ser considerada como una de las transformaciones más relevantes de la vida contemporánea del país[1].
En efecto, los cambios a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, y a 21 leyes secundarias, pusieron fin a setenta y seis años de participación exclusiva del Estado en las industrias del petróleo y de la electricidad. Participación que fue concebida, desde sus inicios, como un instrumento social para que la Nación pudiera aprovechar íntegramente la renta que produjeran sus yacimientos, y los recursos naturales necesarios para la generación de electricidad que el país demandara, siempre al menor costo posible pues no se trataba de un negocio sino de un servicio de utilidad pública.
Las instituciones que en adelante se van a desmontar, en consecuencia de la reforma, han tenido resultados importantes y tangibles, aceptados incluso por los promotores del nuevo modelo[2]. Durante décadas impulsaron la industrialización y el más vigoroso crecimiento económico que el país ha conocido, sosteniendo una política de precios bajos de los combustibles y la electricidad. Han sido fuente permanente de una inmensa renta que ha sostenido: las finanzas públicas, la inversión para la infraestructura, la investigación científico-técnica y la formación de recursos humanos altamente calificados; el gasto en salud, educación y fomento económico, abriendo con ello oportunidades de progreso social a la mayoría de los mexicanos. Pero sobre todo, o mejor dicho, la síntesis del conjunto de ellos, es que han sido una de las bases fundamentales para construir un proyecto de país independiente y soberano. Quizás, ninguna otra realización surgida de la matriz ideológica de la revolución mexicana ha tenido una influencia tan basta, profunda y duradera como la intervención del Estado en las industrias del petróleo y de la electricidad.
Sin embargo, quienes impulsaron y aprobaron la reforma sostienen que la intervención exclusiva del Estado ya no satisface las necesidades del país y que se ha convertido en un obstáculo para su expansión. Que se requiere abrir los recursos naturales vinculados a la energía, y sus productos, al libre mercado, para que la competencia dinamice a este sector.
De tal modo que reforma energética es expresión de un antagonismo entre dos proyectos que han estado en disputa durante casi un siglo por el aprovechamiento de los recursos naturales de México. Aunque en un sentido inverso, es un evento que tendrá una repercusión similar a la que tuvieron la expropiación petrolera o la nacionalización de la industria eléctrica. Es un tema con raíces muy profundas entre sectores amplios de la población, por lo que su debate y pugna van a perdurar. Circunstancia que no se debió soslayar, sino por el contrario: cualquier transformación constitucional debió ser procesada con la más amplia transparencia y participación social, para garantizar su legitimidad.
[1] Krauze, Enrique. México: peligros de una casa dividida, El País, noviembre 30, 2013; Starr, Pamela K.
and Camuñez, Michael C. A Second Mexican Revolution? Energy Reform and North American Energy Independence, Foreign Affairs, Agosto 17, 2014; Saliba, Frédéric. Mexique: l’envol annoncé de l’aigleaztèque, Le Monde, septiembre 8, 2014.
[2] Enrique Peña Nieto, exposición de motivos, Iniciativa de reforma energética, 12 de agosto de 2013, Senado de la República.
