México pasa una de las peores crisis de su existencia con la seguridad de su población pendiendo de un delgado hilo.
No hay nada más preciado para los ciudadanos que su seguridad y acá, los mexicanos, llenan con este tema el espacio público desde hace ya muchos meses.
Todo el territorio nacional, prácticamente todas sus ciudades mayores, muchos de sus poblados más pequeños, han sido escenario de una feroz guerra. Dicen los medios, masivos de comunicación, también algunos voceros gubernamentales que se trata de la disputa por los espacios de poder de bandas de traficantes de drogas; dicen también, esto desde el gobierno federal, que es una guerra de ellos, del gobierno federal, contra los delincuentes; dicen también, el presidente Calderón entre ellos, que la van ganando. Lo cierto es, sin embargo, que hay una masacre que tiene al país enlutado; más de 3,000 muertos en la primera mitad del año; más de 1,000 en ciudades como Juárez; más de veinte asesinatos diarios en el país.
Otra vertiente de la noche violenta que nos asuela es la de los secuestros: el gobierno federal reconoce más de 600 en lo que va del año, hay quien estima el doble. De cada secuestro resultan daños patrimoniales, daños sicológicos generalizados, muertes y, la más absoluta impunidad.
Hay otras vertientes del mal, ntre ellas, los asaltos de todo tipo, que también nos tienen sumidos en la ansiedad.
Por último, el pasado 15 de septiembre, nos llegó lo que faltaba: terror contra la población civil.
En toda esta amarga situación, priva la más absoluta incapacidad de los órganos del Estado para proteger a la población: el sistema de justicia, no funciona; policía antinarcóticos, no hay; investigación de los delitos, entre ellos esos tres mil asesinatos de este año, no hay; de los secuestros, tampoco; información y bases de datos contra el crimen, lo que los norteamericanos llaman inteligencia, no hay. Pero más que incapacidad pura, hay falta de decisión política, lo que resulta en que en este país, la impunidad campea. No es que no puedan, que no pueden, pero es más importante la decisión, o sea: no quieren…
Triste situación, pero nada que nos pueda sorprender. ¿Se castigó a los autores de la matanza de Aguas Blancas? No. ¿A los de Acteal? No. ¿A los asesinos del 68 y del 10 de junio del 71? Tampoco.
¿Se han perseguido, castigado y prevenido los asesinatos de mujeres en ciudad Juárez? No.
¿Se investigó, persiguió, juzgó y castigó a los atracadores que causaron el FOBAPROA? No.
¿Se previene, persigue y castiga el nepotismo? No.
Así las cosas, se entiende que los principales temas de la agenda pública no se enfrenten debidamente. ¿Qué podemos esperar de un presidente que lo único que hace es vacuos llamados a la unidad, frente a la catástrofe? Tal parece que la única respuesta que Calderón tiene es la del marketing, las apariciones en televisión, los discursos lastimeros, el llamado a la conciencia.
Igual ha pasado con la propuesta energética del actual gobierno federal; después de varios años de paralizar a PEMEX, ahora toda la fuerza gubernamental se centra en la campaña de medios para privatizarla, ello, aún después de la excelente experiencia del debate en el Senado, en el que varias decenas de académicos y expertos demostraron que había salidas y futuro promisorio para nuestro petróleo.
Para Calderón, para sus funcionarios, sin embargo, el debate no existió; parece que siguen un guión dictado desde otro lado; pareciera que los intereses de los privados es lo único que escuchan.
Es preocupante la analogía, pero en el tema de la seguridad, en torno al cual, desgraciadamente no ha habido debate en el senado, donde seguramente se escucharían las recomendaciones de otro tanto de especialistas, que ya lo hacen como Buscaglia, Córdova o Muñoz Ledo, hay recomendaciones como la de la profesionalización de la policía, no usar al ejército en las labores de combate a los delincuentes, respetar las garantías individuales, hacer valer la ley, sanear el poder judicial, combatir el desempleo, que es uno de los causantes de la atracción de las actividades delictivas, informar a la sociedad de los planes en contra del delito, atacar a los delincuentes en sus propiedades, denunciar las bandas internacionalmente para conseguir el apoyo de las instancias correspondientes.
Sin embargo, lo único que propone el gobierno federal es: más violencia, más presupuesto a la guerra, marginación del poder judicial, alianza con el gobierno norteamericano a través del llamado plan Mérida, en fin más muertos, cero investigación, cero juicios, o sea: la impunidad.
Este parangón nos hace pensar que tanto en el asunto de la seguridad, como en el asunto de la energía, de la seguridad energética, la agenda de Calderón no es ni democrática, ni justa, ni nacional; no se apega a los ordenamientos legales del país; parece dictada desde fuera de los intereses de los mexicanos.
¿Habrá alguien que se los diga?
¿Podremos, la sociedad, organizarnos para que ambos rumbos cambien?
Urge que así lo hagamos; urge que ya salgamos de esta negra noche.
