Presentamos este resumen ejecutivo del análisis «Precios al Público de Energéticos: Una Comparación Gráfica 2019-2025», un documento fundamental para entender cómo la gestión gubernamental impacta directamente en la economía de las familias mexicanas y la competitividad del país.
Nuestra investigación destaca que el costo de la energía no es solo un dato estadístico, sino el principal indicador de la estabilidad económica nacional. Entre 2019 y 2025, mientras la inflación general (INPC) acumuló un crecimiento del 35%, observamos una política de contención significativa en los precios de los combustibles. El Gas LP (GLP), vital para el 76% de los hogares en México, mantuvo una estabilidad notable con una variación nominal de apenas el 0.8%, producto de la política de precios máximos y la introducción de iniciativas estratégicas. Asimismo, las gasolinas Magna y Premium registraron incrementos promedio del 16.9%, posicionándose cerca de 18 puntos porcentuales por debajo del índice de inflación, una estrategia clara de protección al poder de compra del consumidor.
En el sector eléctrico y del gas natural, los datos revelan disparidades importantes. La Tarifa 1 residencial, que abarca a más de la mitad de la población, sufrió ajustes de entre el 33% y el 39%, alineándose de forma más cercana con la inflación. No obstante, nuestra comparación técnica utilizando la unidad de Gigajoules (GJ) demuestra que el Gas Natural sigue siendo la opción más económica para los hogares, resultando aproximadamente un 40% más barato que el GLP facturado. Este dato es crucial para que los ciudadanos puedan tomar decisiones de consumo más inteligentes y gestionar de forma eficiente el presupuesto familiar.
Finalmente, el OCE manifiesta su profunda preocupación ante la creciente falta de transparencia y de datos abiertos por parte de instituciones fundamentales como la CFE, la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). A diferencia de la apertura mantenida por Pemex, estas entidades dificultan el acceso a información precisa sobre tarifas y costos. Esta opacidad institucional obliga a la sociedad civil a realizar un esfuerzo adicional de auditoría ciudadana para garantizar que se respete el derecho a la información y a precios justos de energía.
