La reforma energética de 2024 ha marcado un cambio profundo al eliminar la regulación asimétrica y fortalecer la integración vertical de Pemex. Este modelo busca evitar la «doble marginalización», permitiendo que la empresa estatal y la CFE controlen más del 90% de la infraestructura de transporte y almacenamiento. Sin embargo, este control logístico y de mercado implica que, en la práctica, el sector se ha cerrado a la competencia, permitiendo únicamente la participación de proveedores directos o competidores «tolerados».
El análisis subraya la importancia de distinguir entre la renta petrolera (derivada del valor del recurso) y las rentas monopólicas (generadas por el control de la oferta y la infraestructura). El uso de estas rentas monopólicas para financiar «cuasirrentas» de proyectos que pueden resultar ineficientes representa un riesgo dinámico para la economía. Al eliminarse la transparencia en los precios de transferencia, se compromete la asignación eficiente de los recursos destinados al financiamiento del desarrollo nacional.
Bajo este esquema, toda la carga financiera del sector recae directa o indirectamente en las finanzas públicas, volviendo inviable el modelo anterior de restricción de capital para Pemex. El documento concluye que es imperativo recuperar la claridad en la asignación de contratos y la transparencia operativa para evitar que el abuso de las rentas monopólicas se convierta en un lastre para el crecimiento económico de México.
