Presentamos la actualización a 2025 de «Precios al Público de Energéticos: Una Comparación Gráfica 2019-2025», un seguimiento fundamental para entender cómo la gestión gubernamental impacta directamente en la economía de las familias mexicanas y la competitividad del país.
Nuestra investigación destaca que el costo de la energía no es solo un dato estadístico, sino el principal indicador de la estabilidad económica nacional. Entre 2019 y 2025, mientras la inflación general (INPC) acumuló un crecimiento del 35%, observamos una política de contención significativa en los precios de los combustibles. El Gas LP (GLP), vital para el 76% de los hogares en México, mantuvo una estabilidad notable con una variación nominal de apenas el 0.8%, producto de la política de precios máximos y la introducción de iniciativas estratégicas. Asimismo, las gasolinas Magna y Premium registraron incrementos promedio del 16.9%, posicionándose cerca de 18 puntos porcentuales por debajo del índice de inflación, una estrategia clara de protección al poder de compra del consumidor.
En el sector eléctrico y del gas natural, los datos revelan disparidades importantes. La Tarifa 1 residencial, que abarca a más de la mitad de la población, sufrió ajustes de entre el 33% y el 39%, alineándose con la inflación. Por otra parte, el seguimiento del precio facturado del Gas Natural fcaturado en la CDMX mostró una variación de 2%, similar a la del GLP, en nuestra comparación técnica utilizando la unidad de Gigajoules (GJ) confirma que el Gas Natural sigue siendo la opción más económica para los hogares, resultando aproximadamente un 40% más barato que el GLP. Este dato es crucial para que los ciudadanos puedan tomar decisiones de consumo más inteligentes y gestionar de forma eficiente el presupuesto familiar.
Finalmente, el OCE manifiesta su profunda preocupación por la falta de transparencia y de datos abiertos por parte de instituciones fundamentales como la CFE, la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). A diferencia de la apertura mantenida por Pemex, estas entidades dificultan el acceso a información precisa sobre tarifas y costos. Esta opacidad institucional obliga a la sociedad civil a realizar un esfuerzo adicional de auditoría ciudadana para garantizar que se respete el derecho a la información y a precios justos de energía
